Cómo la Ley del Senado de Florida 1718 sigue impactando el empleo, la salud y la vida cotidiana de inmigrantes en el estado

Más de dos años después de su promulgación, la Ley SB 1718 de Florida continúa siendo uno de los temas más sensibles para la comunidad inmigrante del estado. Firmada en mayo de 2023 por el gobernador Ron DeSantis y vigente desde el 1 de julio de ese año, esta legislación ha transformado profundamente la forma en que cientos de miles de personas viven, trabajan y acceden a servicios básicos en Florida. A continuación, un análisis actualizado de sus efectos reales.

¿Qué establece la Ley SB 1718?

La Ley SB 1718 es considerada una de las normativas antiinmigrantes más restrictivas aprobadas por un estado en la historia reciente de Estados Unidos. Entre sus disposiciones principales se encuentran:

• Obligación de E-Verify: todas las empresas con 25 o más empleados deben verificar el estatus migratorio de sus contrataciones a través del sistema federal E-Verify, bajo pena de multas y revocación de permisos operativos.
• Penalización del transporte: transportar a Florida a personas en situación migratoria irregular puede constituir un delito grave castigado con hasta 15 o 30 años de prisión, según la interpretación judicial del caso.
• Hospitales y estatus migratorio: los centros de salud que reciben fondos de Medicaid están obligados a preguntar y registrar el estatus migratorio de sus pacientes.
• Licencias de conducir: se invalidan en Florida los permisos de conducir expedidos a personas indocumentadas por otros estados, con multas y hasta 60 días de cárcel por conducir con una licencia no reconocida.
• Sanciones penales por documentos falsos: usar documentos ajenos o falsificados para conseguir empleo puede acarrear hasta cinco años de prisión y multas de $5,000.
• Financiamiento para traslados: la ley asignó $12 millones al controvertido programa de transporte de inmigrantes a otros estados impulsado por DeSantis.

Impacto en el empleo: sectores en alerta

El mercado laboral de Florida fue uno de los primeros en sentir las consecuencias de la ley. Según estimaciones del Florida Policy Institute, la legislación podría representar un costo de hasta $12,600 millones de dólares para la economía estatal en un solo año.

El 62% de los inmigrantes indocumentados en Florida forma parte activa de la fuerza laboral del estado. Los sectores más afectados incluyen:

• Construcción: más de 100,000 trabajadores indocumentados operan en este ramo. Sin ellos, las empresas perderían aproximadamente el 10% de su mano de obra.
• Agricultura: entre 150,000 y 200,000 trabajadores migrantes y temporales llegan cada año a Florida para laborar en campos y granjas. El 47% de los trabajadores agrícolas del estado carece de estatus migratorio documentado.
• Servicios y hostelería: restaurantes, hoteles y empresas de limpieza han reportado dificultades para retener personal desde la entrada en vigor de la ley.

Incluso antes de que la norma entrara en vigor, miles de personas comenzaron a abandonar Florida en dirección a estados con políticas migratorias más permisivas. Testimonios recogidos en ese período muestran a trabajadores que perdieron sus empleos porque sus empleadores temían las sanciones, y familias enteras que debieron reubicarse.

Acceso a la salud: el miedo que aleja a los pacientes

Una de las consecuencias más preocupantes de la SB 1718 ha sido su efecto disuasorio sobre el acceso a la atención médica. La obligación de que los hospitales que reciben Medicaid pregunten sobre el estatus migratorio de sus pacientes generó un clima de miedo generalizado.

El Dr. Antonio González, médico en Immokalee (Florida), reportó ver menos pacientes desde que la ley entró en vigor, a pesar de que la norma no aplica directamente a su consulta. Según su testimonio, muchos inmigrantes tenían miedo de buscar atención médica incluso antes de la ley; con su entrada en vigencia, ese temor se intensificó dramáticamente.

Un informe del Centro de Investigación sobre el Bienestar de los Inmigrantes de la Universidad del Sur de Florida (USF), basado en entrevistas con 53 personas en el centro y centro-oeste del estado, documentó que:

• Muchos inmigrantes evitan las citas médicas y los chequeos de rutina por miedo a ser detectados por autoridades migratorias.
• Los participantes reportaron insomnio, pérdida de apetito y niveles elevados de ansiedad como consecuencia directa del clima legal.
• Familias con hijos ciudadanos estadounidenses han modificado sus rutinas por el temor a la deportación de uno o ambos padres.

Docenas de proveedores de salud de Florida se pronunciaron en contra del proyecto incluso antes de su aprobación, advirtiendo que generaría desconfianza en el sistema sanitario y disuadiría a las personas de buscar ayuda en momentos críticos.

Vida cotidiana bajo la SB 1718: aislamiento y miedo

El estudio de la USF también reveló cómo la ley ha transformado la vida diaria de las comunidades inmigrantes en Florida. Entre los cambios más documentados:

• Restricción de la movilidad: muchas personas evitan conducir por temor a ser detenidas, incluso quienes cuentan con residencia permanente legal han reportado sentir ansiedad al volante.
• Aislamiento social: familias enteras evitan espacios públicos como parques, restaurantes o tiendas, reduciendo su participación en la vida comunitaria.
• Impacto económico familiar: la tienda de segunda mano de un trabajador fue mencionada como ejemplo de negocio en declive porque sus clientes, en su mayoría inmigrantes, tienen miedo de salir a la calle.
• Jóvenes que posponen planes: varios jóvenes, muchos de ellos ciudadanos estadounidenses por nacimiento, han postponido sus planes universitarios para quedarse en casa y apoyar a sus padres inmigrantes, asumiendo roles adultos como llevarlos al trabajo.
• Fraudes laborales: el clima de vulnerabilidad ha generado un incremento en estafas laborales. Una solicitante de asilo venezolana de 49 años reportó que ella y unos 200 trabajadores fueron cobrados $400 cada uno por empleos que nunca existieron.

Respuesta legal y estado actual de la ley

Desde el primer día, la SB 1718 enfrentó una batería de impugnaciones legales. El Southern Poverty Law Center, la ACLU, Americans for Immigrant Justice y el American Immigration Council presentaron una demanda federal alegando inconstitucionalidad, argumentando que la regulación migratoria es competencia exclusiva del gobierno federal y no de los estados.

Una corte federal bloqueó temporalmente la sección más polémica de la ley —la relacionada con el transporte de inmigrantes—, calificando esa disposición como una amenaza a los derechos fundamentales de ciudadanos y no ciudadanos por igual. El juez del caso señaló que la norma criminalizaba actos cotidianos como llevar a un familiar a una cita médica o hacer un viaje en familia fuera del estado.

A pesar del bloqueo parcial, la mayor parte de la ley sigue vigente en 2026, y su impacto se suma a un escenario federal de mayor presión migratoria que mantiene a las comunidades inmigrantes de Florida en un estado de alerta constante.

Recursos y organizaciones de apoyo en Florida

Si usted o alguien de su comunidad necesita orientación legal o apoyo relacionado con la SB 1718, estas organizaciones ofrecen asistencia en español:

• Americans for Immigrant Justice (AIJ): aijustice.org
• Florida Immigrant Coalition (FLIC): floridaimmigrant.org
• ACLU de Florida: aclufl.org
• Community Justice Project: recursos legales gratuitos para comunidades de bajos ingresos en Florida.

Conclusión

La Ley SB 1718 de Florida no es solo un documento legal: es una realidad que afecta el día a día de cientos de miles de personas que trabajan, pagan impuestos y construyen comunidades en el estado. Sus efectos sobre el empleo, la salud pública y la cohesión social son profundos y, según los estudios más recientes, continúan manifestándose en 2026. Estar informado es el primer paso para proteger sus derechos y los de su familia.

¿Tienes más preguntas sobre la SB 1718 o sobre tus derechos como inmigrante en Florida? Déjanos un comentario o comparte este artículo con quien pueda necesitarlo.